La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de alias ‘Tigre’ o ‘Guachón’ por los delitos de feminicidio agravado y concierto para delinquir.
Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2020. Ante la
contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía General de la
Nación, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en
centro carcelario a Néstor Leonel Lozano Muriel, por su presunta
responsabilidad en el crimen de la ambientalista Juana María Perea Plata,
ocurrido el pasado 29 de octubre en Nuquí (Chocó).
Los resultados de varias inspecciones forenses y
otros elementos permitieron establecer que la ciudadana colombo – española
recibió un trato denigrante y fue sometida a condiciones de terror y
humillación, por lo que un fiscal de la Dirección Especializada contra las
Violaciones a los Derechos imputó al procesado los delitos de feminicidio
agravado y concierto para delinquir.
La investigación da cuenta de que hombres armados
llegaron a la vivienda de la víctima en el corregimiento de Termales, se la
llevaron en contra de su voluntad en una lancha que recorrió el Pacífico hasta
el río Nuquí y, a la altura del sector conocido como Coquí, le dispararon.
El cuerpo de la ambientalista fue lanzado a las
aguas y, posteriormente, fue ubicado por la comunidad. Néstor Leonel Lozano
Muriel, alias ‘Tigre’ o ‘Guachón’, sería jefe de una estructura urbana del
‘Clan del Golfo’.
Fue capturado en Nuquí (Chocó) y, al parecer, habría
sido la persona que activó el arma de fuego contra Juana María Perea Plata.
La evidencia en poder de la Fiscalía indica que el
asesinato fue ordenado por cabecillas del ‘Clan del Golfo’ porque, al parecer,
la mujer los increpó y les pidió abandonar la región para reactivar proyectos
ecoturísticos y dar garantías de seguridad para el regreso de turistas a la
región.
El esclarecimiento de este crimen es posible gracias
al enfoque territorial definido por el Fiscal General de la Nación, Francisco
Barbosa Delgado; y a la disposición de un equipo interdisciplinario conformado
por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos,
el CTI y la Sijin de Chocó, con apoyo del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda,
Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), la Dirección de
Justicia Transicional, una comisión de Medicina Legal, y la Armada Nacional.
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