Carrillo Flórez reveló la apertura de las primeras acciones disciplinarias contra funcionarios por la desatención de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
El Procurador General de la Nación, Fernando
Carrillo Flórez, urgió por acciones concretas e inmediatas por parte del Estado
para frenar la tragedia social y humanitaria que vive el departamento de Chocó,
ante el recrudecimiento de la guerra por la disputa entre grupos armados
ilegales y los escenarios de pobreza, desigualdad y desempleo que ha dejado la
pandemia.
En su intervención en la décima Mesa por la Vida que
realiza el Ministerio Público con apoyo de USAID, Carrillo Flórez afirmó que el
departamento de Chocó parece el fortín del ELN y es como si los cuarteles
generales de esa guerrilla estuvieran en ese departamento, y condenó que buena
parte de las masacres recientes en el país se han dado en esta región.
“Uno podría decir que el verdadero fortín del ELN es
el Chocó. Es como si los cuarteles generales de esa guerrilla y de esa
organización terrorista estuvieran en este departamento”, dijo en twitter.
Enfatizó en la importancia de desplazar toda la
institucionalidad a ese territorio y de definir acciones concretas de cara a la
magnitud de la problemática que presenta el departamento, azotado por la
presencia de los grupos ilegales y por las violaciones de los derechos humanos.
“Este país no puede darse el lujo de seguir matando
a su liderazgo y exterminando a sus líderes sociales. Las amenazas radican de
esos grupos armados ilegales dedicados a la minería ilegal y al narcotráfico”,
agregó.
Reveló que de acuerdo con la Personería cerca de 14
mil personas han sido víctimas de confinamiento y desplazamiento por
enfrentamientos de grupos armados organizados, y que la Defensoría del Pueblo encendió
las alarmas por el desplazamiento masivo de 450 personas, de 7 comunidades
indígenas Embera en el Alto Baudó.
En su intervención el Procurador General expuso
cuatro acciones que desde el Ministerio Público se consideran fundamentales:
1. La institucionalización de una oficina de la UNP
(Unidad Nacional de Protección en el territorio).
2. La creación de una mesa de seguimiento entre el
Ministerio Público en Chocó y la UNP.
3. El acompañamiento indispensable con la asistencia
técnica del Ministerio del Interior a la construcción de un plan territorial de
prevención
4. El fortalecimiento de la Procuraduría con miras a
la activación de la función disciplinaria en materia de
protección de líderes sociales
Al cierre de
su intervención Carrillo Flórez reveló la apertura de las primeras acciones
disciplinarias contra funcionarios nacionales, departamentales y municipales
por la desatención de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, como
ocurrió en Samaniego, Nariño, donde el 15 de agosto fueron asesinados ocho
jóvenes.
