
Pidió a la Regional Chocó y a las delegadas
para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, y para la
Vigilancia Preventiva para la Función Pública realizar un seguimiento a la
contratación y manejo de recursos para garantizar los derechos a la vida y
a la salud de los residente en el departamento.
Bogotá, 13 de julio de 2020. La Procuraduría General de la Nación levantó la suspensión
provisional del gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, investigado por
presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Fundación Chocó
Saludable, por más de $2 mil millones de pesos, y estableció una estrategia
para vigilar la inversión de los recursos detenidos para atender la emergencia
sanitaria por la pandemia del covid-19.
Al frente del seguimiento al uso de
esos recursos estarán la Regional Chocó y las delegadas para la Salud, la
Protección Social y el Trabajo Decente y para la Vigilancia Preventiva de la
Función Pública, “para velar por el ejercicio diligente y eficiente de la
función administrativa respecto a la facultad de contratación, la destinación e
inversión de los recursos públicos y la garantía de los derechos fundamentales
a la vida y a la salud de los habitantes y residentes en el departamento del
Chocó”.
La decisión de levantar la medida
cautelar impuesta al gobernador Palacios Calderón tiene origen en la situación
que enfrenta el departamento con 1.268 casos de covid-19 y 1351 en espera de
resultados, la ocupación del 100% de las camas de la Unidad de Cuidados
Intensivos de la ESE Departamental Hospital San Francisco de Asís y el
aislamiento preventivo por 14 días del gobernador encargado de Chocó, Jefferson
Mena, “lo que implicaría ante un eventual resultado positivo la necesidad de designar
un nuevo gobernador encargado”.
Para el Ministerio Público una
situación como la antes descrita resultaría inconveniente teniendo en cuenta
que “es imprescindible y urgente la continuidad de la función administrativa en
la entidad territorial”.
Precisó la Procuraduría que en este
orden de cosas resulta “imperioso optar por la garantía de los derechos
fundamentales a la vida, y a la salud de la población habitante en la entidad
territorial, y en consecuencia, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad
resulta menester levantar la medida de suspensión provisional de Ariel Palacios
Calderón en su calidad de gobernador del Chocó”.
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