
“La
Defensoría emitió alerta temprana de inminencia en esta región del
departamento”, afirmó el defensor regional del Pueblo, Luis Murillo, aseguró.
Sin embargo, no se habrían tomado las medidas correspondientes.
Entre
las comunidades afectadas se encuentran 3 indígenas, Lerma, Unión Wuanan y
Macedonia, y cuatro comunidades afro, Puerto Murillo, Noanamá, Fujiadó y Santa
María la Lomaque, que suman 616 familias, es decir, un total de 2.539 personas.
En la
tarde de ayer se surtió un consejo de seguridad con presencia de la gobernación
del departamento, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Procuraduría
regional, con el fin de analizar la situación humanitaria y la seguridad de las
comunidades. Sin embargo, la Defensoría advirtió la necesidad de que la
presencia no sea solo militar.
Al
finalizar dicho consejo, el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la
Séptima División del Ejército, aseguró que las operaciones comenzaron hace 30
días, aunque las manifestaciones de zozobra de la población, principalmente de
las comunidades indígenas, se dieron a conocer desde el sábado anterior a
través de Orlando Moya, representante de los pueblos Wounam del Chocó.
Paralelamente
a este Consejo de seguridad se desarrolló una mesa técnica con presencia de la
alcaldía municipal, en la cual el Consejo Noruego para los Refugiados se
comprometió con el envío de ayudas humanitarias a la zona en los próximos días.