Con el fin de fortalecer la gestión y ejecución
de diferentes iniciativas y programas para la atención a grupos étnicos y en el
marco del PND, el Departamento para la Prosperidad Social vinculará a estas nuevas
familias al programa IRACA.
Serán hogares de comunidades
indígenas y afrocolombianas de 11 municipios del Chocó, de las 13.800 a
nivel nacional.
IRACA es una intervención rural integral con
enfoque diferencial a través de proyectos de seguridad alimentaria y el fomento
de prácticas productivas.
El Pacto
por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos,
raizales, palenqueros y Rrom, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, se
convierte en un reto para varias entidades del estado, entre ellas el
Departamento para la Prosperidad Social como responsable a nivel nacional de
diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de
la pobreza y alcanzar la equidad social.
Es
así como 13.800 familias de comunidades indígenas y afrocolombianas de 32
municipios de Cesar, Caldas, Vichada, Putumayo, Cauca, Nariño, Chocó, Valle del
Cauca, Antioquia, La Guajira y Magdalena serán vinculadas al programa IRACA
este año.
En
el Chocó se beneficiarán 5.240 familias en los municipios de Alto Baudó,
Atrato, Bajo Baudó, El Litoral del San Juan, Río Quito, Tadó, Acandí, Carmen
del Darién, Juradó, Riosucio y Unguía.
IRACA es una estrategia del
Gobierno nacional, a través del Departamento para la Prosperidad Social, que promueve la seguridad alimentaria en torno a los ejes de
disponibilidad, acceso y consumo; contribuye al fortalecimiento de las familias participantes y
de sus comunidades; e impulsa proyectos productivos comunitarios que
contribuyan a la dinamización de las economías propias.
“Necesitamos
robustecer la gestión y ejecución de las diferentes iniciativas sectoriales
para beneficiar a las comunidades étnicas, por eso desde Prosperidad Social
invertiremos cerca de $98.000 millones para la atención de 13.800
familias en 11 departamentos con el programa IRACA, una intervención rural
integral con enfoque diferencial”, afirma Susana Correa Borrero,
directora general de la Entidad.
Durante
aproximadamente 18 meses, los hogares participantes y la comunidad recibirán acompañamiento
social y técnico en tres componentes: Seguridad Alimentaria, promovida en torno
a los ejes de disponibilidad, acceso y consumo, en articulación con los
sistemas tradicionales de producción, así como con las prácticas culturales,
alimenticias para la producción o acceso a alimentos para autoconsumo.
Por
su parte, el componente de Fortalecimiento Social y Organizacional contribuye
al fortalecimiento de los hogares y sus comunidades, aportando a la consolidación
de la confianza, la visión de lo colectivo y del capital social, en tanto que,
con el componente de Proyectos Productivos Comunitarios, se impulsan iniciativas
que contribuyan a la dinamización de las economías de estas familias.
“Estamos trabajando en el fortalecimiento y
la generación de acciones diferenciadas para estas comunidades, que creen
condiciones de equidad en el acceso a bienes y servicios. Ellas cuentan con el
potencial para mejorar sus condiciones de vida, pero es necesario brindarles
herramientas para lograrlo, respetando su cosmovisión y sus tradiciones”, explica
por su parte Ana María Palau, subdirectora general de Programas y Proyectos del
Departamento para la Prosperidad Social.
“Somos un estado social de derecho,
pluriétnico y multicultural, por eso trabajaremos para promover el goce de
derechos fundamentales, integrales y colectivos, y la igualdad de oportunidades
para las comunidades étnicas que viven en condición de vulnerabilidad. Queremos
empoderarlas y darles herramientas para que puedan trabajar en su propio
desarrollo”, concluye la directora general de Prosperidad Social Susana
Correa.
