Condenan al estado por masacre de Bojaya


El Tribunal Administrativo del Chocó ratificó en segunda instancia un fallo que condenó a la nación a reparar a víctimas de desplazamiento forzado en el municipio chocoano. Según el fallo, Procuraduría, Ejército y Policía deben responder por su "omisión" al no atender los llamados de alerta de la comunidad.

Entre finales de 2002 y comienzos de 2003 Bojayá estaba bajo fuego, como se demostró el 2 de mayo de 2002 en la masacre perpetrada por hombres de las Farc. Cuatro familias que tuvieron que huir de la zona en ese momento interpusieron acciones de grupo para que el Estado respondiera por los daños que sufrieron durante los enfrentamientos entre guerrilla y grupos paramilitares. 

Según se lee en el fallo que condena a la Nación, hubo una omisión de las instituciones del Estado en atender los llamados de la comunidad y, por esto deberá reparar a los afectados.

Aunque los responsables de la masacre que generó el éxodo masivo de familias fue la entonces guerrilla de las Farc, el Tribunal encontró que el Estado tiene responsabilidad por omitir su función de proteger a los ciudadanos de los hechos ocurridos el 2 de mayo del 2002. 

El fallo, cuya ponente fue la magistrada Norma Moreno Mosquera, resolvió una demanda que presentaron en agosto del 2002, el mismo año de la matanza, un grupo de habitantes de Bojayá, liderados por Yenmin Cuesta Valencia, Rodolfo Lemus Rivas, Zair González Palacios, Maria Nuris Palacios Largacha. 

En sus demandas pidieron condenar a al Ministerio de Defensa, Ejército y Policía por los daños materiales y morales que sufrieron las familias afectadas por los enfrentamientos, que causaron su desplazamiento forzado. 

La comunidad asegura que el Estado tiene responsabilidad en su desplazamiento, ya que tanto Naciones Unidas como la Defensoría del Pueblo habían advertido al Gobierno que paramilitares habían entrado a la región y que, ante el control de las Farc en la zona, se podía desencadenar un enfrentamiento armado

Y así fue: no sólo murieron 119 personas sino que 120 más resultaron heridas, las casas quedaron destruidas, los establecimientos comerciales saqueados, y 3.800 personas tuvieron que dejar sus viviendas. 

Entre las advertencias estaba una carta que el 23 de abril del 2002 le envió Anders Kompass, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas al entonces ministro de Relaciones Exteriores, en la que advertía del ingreso de las autodefensas a Vigía del Fuerte y Bellavista. Un día después la Defensoría del Pueblo alertó al Gobierno de la misma situación, pidiéndole que tomara medidas para evitar hechos violentos.

La sentencia condena al Estado a pagar $312.000 millones por concepto de reparación a las víctimas que se vieron obligadas a abandonar sus casas por los enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares.

Tras la masacre, sólo hasta el 6 de mayo, es decir, cuatro días después, el Ministerio de Defensa hizo presencia en la zona a través del Ejército, ordenando una operación conjunta para retomar el control de Bojayá y Vigía del Fuerte.

Por eso la comunidad asegura que los daños que sufrieron al tener que dejar el pueblo, así como por la muerte de sus familiares, "son imputables al Estado a título de falla del servicio, por omisión, por cuanto las autoridades militares y de policía no desarrollaron ninguna acción tendiente a prevenir o impedir el desplazamiento y muerte, a pesar de las distintas alertas tempranas, requerimientos y solicitudes de ayuda y protección a la comunidad". 

Estado aseguró que no hay certeza sobre los desplazados
En el proceso, la Policía, el Ejército y la Armada se opusieron a la demanda afirmando que los hechos por los que se los responsabiliza fueron desplegados por terceros, por grupos al margen de la ley como las Farc y la Autodefensas. Según las autoridades militares, las condiciones climáticas y las circunstancias hidrográficas y ambientales, impidieron que la Fuerza Pública ingresara a tiempo al municipio donde ocurrieron los hechos.

Por su parte, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado afirmó en el 2013 que existen "serias dudas" sobre quiénes de los demandantes realmente podían ser catalogados como desplazados. Según la Agencia, "la base de datos que reposa en el expediente es inexacta, no es confiable y conllevó sin lugar a dudas a error judicial".

Este viernes habrá una reunión convocada por el Ministerio de Defensa en la que estará la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para analizar el fallo.




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