El Tribunal
Administrativo del Chocó ratificó en segunda instancia un fallo que condenó a
la nación a reparar a víctimas de desplazamiento forzado en el municipio
chocoano. Según el fallo, Procuraduría, Ejército y Policía deben responder por
su "omisión" al no atender los llamados de alerta de la comunidad.
Entre finales de 2002
y comienzos de 2003 Bojayá estaba bajo fuego, como se demostró el 2 de mayo de 2002 en la masacre perpetrada por
hombres de las Farc. Cuatro
familias que tuvieron que huir de la zona en ese momento interpusieron acciones
de grupo para que el Estado respondiera por los daños que sufrieron durante los
enfrentamientos entre guerrilla y grupos paramilitares.
Según se lee en el
fallo que condena a la Nación, hubo una omisión de las instituciones del Estado
en atender los llamados de la comunidad y, por esto deberá reparar a los
afectados.
Aunque los responsables de la masacre
que generó el éxodo masivo de familias fue la entonces guerrilla de las Farc,
el Tribunal encontró que el Estado tiene responsabilidad por omitir su función
de proteger a los ciudadanos de los hechos ocurridos el 2 de mayo del
2002.
El fallo, cuya ponente fue la magistrada Norma Moreno Mosquera, resolvió una demanda que presentaron en agosto del 2002, el mismo año de la matanza, un grupo de habitantes de Bojayá, liderados por Yenmin Cuesta Valencia, Rodolfo Lemus Rivas, Zair González Palacios, Maria Nuris Palacios Largacha.
En sus demandas pidieron condenar a al Ministerio de Defensa, Ejército y Policía por los daños materiales y morales que sufrieron las familias afectadas por los enfrentamientos, que causaron su desplazamiento forzado.
El fallo, cuya ponente fue la magistrada Norma Moreno Mosquera, resolvió una demanda que presentaron en agosto del 2002, el mismo año de la matanza, un grupo de habitantes de Bojayá, liderados por Yenmin Cuesta Valencia, Rodolfo Lemus Rivas, Zair González Palacios, Maria Nuris Palacios Largacha.
En sus demandas pidieron condenar a al Ministerio de Defensa, Ejército y Policía por los daños materiales y morales que sufrieron las familias afectadas por los enfrentamientos, que causaron su desplazamiento forzado.
La comunidad asegura que el Estado
tiene responsabilidad en su desplazamiento, ya que tanto Naciones Unidas como
la Defensoría del Pueblo habían advertido al Gobierno que paramilitares habían
entrado a la región y que, ante el control de las Farc en la zona, se podía desencadenar un enfrentamiento armado.
Y así fue: no sólo murieron 119 personas sino que 120 más resultaron heridas, las casas quedaron destruidas, los establecimientos comerciales saqueados, y 3.800 personas tuvieron que dejar sus viviendas.
Y así fue: no sólo murieron 119 personas sino que 120 más resultaron heridas, las casas quedaron destruidas, los establecimientos comerciales saqueados, y 3.800 personas tuvieron que dejar sus viviendas.
Entre
las advertencias estaba una carta que el 23 de abril del 2002 le envió Anders
Kompass, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas al entonces ministro de Relaciones Exteriores, en la que
advertía del ingreso de las autodefensas a Vigía del Fuerte y Bellavista. Un
día después la Defensoría del Pueblo alertó al Gobierno de la misma situación,
pidiéndole que tomara medidas para evitar hechos violentos.
La sentencia condena al Estado a pagar $312.000 millones por concepto de reparación a las víctimas que se vieron obligadas a abandonar sus casas por los enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares.
Tras la masacre, sólo hasta el 6 de mayo, es decir, cuatro días después, el Ministerio de Defensa hizo presencia en la zona a través del Ejército, ordenando una operación conjunta para retomar el control de Bojayá y Vigía del Fuerte.
Por eso la comunidad asegura que los daños que sufrieron al tener que dejar el pueblo, así como por la muerte de sus familiares, "son imputables al Estado a título de falla del servicio, por omisión, por cuanto las autoridades militares y de policía no desarrollaron ninguna acción tendiente a prevenir o impedir el desplazamiento y muerte, a pesar de las distintas alertas tempranas, requerimientos y solicitudes de ayuda y protección a la comunidad".
La sentencia condena al Estado a pagar $312.000 millones por concepto de reparación a las víctimas que se vieron obligadas a abandonar sus casas por los enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares.
Tras la masacre, sólo hasta el 6 de mayo, es decir, cuatro días después, el Ministerio de Defensa hizo presencia en la zona a través del Ejército, ordenando una operación conjunta para retomar el control de Bojayá y Vigía del Fuerte.
Por eso la comunidad asegura que los daños que sufrieron al tener que dejar el pueblo, así como por la muerte de sus familiares, "son imputables al Estado a título de falla del servicio, por omisión, por cuanto las autoridades militares y de policía no desarrollaron ninguna acción tendiente a prevenir o impedir el desplazamiento y muerte, a pesar de las distintas alertas tempranas, requerimientos y solicitudes de ayuda y protección a la comunidad".
Estado aseguró que no hay certeza sobre
los desplazados
En
el proceso, la Policía, el Ejército y la Armada se opusieron a la demanda
afirmando que los hechos por los que se los responsabiliza fueron desplegados
por terceros, por grupos al margen de la ley como las Farc y la
Autodefensas. Según las autoridades militares, las
condiciones climáticas y las circunstancias hidrográficas y ambientales,
impidieron que la Fuerza Pública ingresara a tiempo al
municipio donde ocurrieron los hechos.
Por su parte, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado afirmó en el 2013 que existen "serias dudas" sobre quiénes de los demandantes realmente podían ser catalogados como desplazados. Según la Agencia, "la base de datos que reposa en el expediente es inexacta, no es confiable y conllevó sin lugar a dudas a error judicial".
Este viernes habrá una reunión convocada por el Ministerio de Defensa en la que estará la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para analizar el fallo.
Por su parte, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado afirmó en el 2013 que existen "serias dudas" sobre quiénes de los demandantes realmente podían ser catalogados como desplazados. Según la Agencia, "la base de datos que reposa en el expediente es inexacta, no es confiable y conllevó sin lugar a dudas a error judicial".
Este viernes habrá una reunión convocada por el Ministerio de Defensa en la que estará la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para analizar el fallo.
