
Posteriormente
a la adjudicación del contrato uno de los miembros del consorcio Fernando León
Vives Cardona fue involucrado a una investigación de la Fiscalía y otros entes
de control.
En el cronograma
estaba establecido que después de semana Santa se iniciaba la ejecución de la
obra con un plazo de 18 meses.
Con recursos
de regalías por 29 mil millones de pesos que están en el ministerio de hacienda
se pretendía arreglar totalmente parte de los 19 kilómetros que están deteriorados.
Istmina es
el municipio encargado de contratar la obra, y la gobernación contrata la interventoría.
Se están estudiando
algunas medidas de tipo jurídico por parte de la alcaldía de Istmina para
resolver la situación lo antes posible. Se piensa en declarar la caducidad del
contrato, una cesión del mismo o anularlo, para volver a licitar y que otro
consorcio ejecute el contrato.