El Ministerio de Ambiente, como representante
legal de los derechos del rio Atrato y líder del sector ambiente en el marco de la Sentencia T-622, que declara
al río Atrato como sujeto de derechos, se reunió con la Gobernación de Chocó,
el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), Codechocó y
Corpourabá para avanzar en la definición del plan de descontaminación, dando
cumplimiento a la Orden Quinta de la Sentencia.
“De esta manera, las diferentes
entidades hicieron propuestas para la construcción de ese plan de acción y la
idea es tener una sola propuesta entre las entidades que hacen parte de la
orden para así buscar los mecanismos para lograr su implementación con recursos
técnicos y financieros”, dijo Norman Moreno, coordinador de la sentencia por
parte del Ministerio de Ambiente.
La
primera propuesta es el diseño e implementación de un plan de ampliación de la
red de monitoreo de la cuenca; también, la construcción de humedales piloto
para la eliminación de mercurio; la reglamentación de la planificación y manejo
de las diferentes subzonas hidrográficas del Atrato, y proyectos productivos de
mitigación de impactos de la minería y de cambio de actividad. “En el próximo
mes nos volveremos a reunir para tener un consolidado mucho más estructurado
del plan de acción y podérselo presentar a las comunidades para su
retroalimentación”, agregó Moreno.
La
Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-622 de 2016, ordenó al
Gobierno Nacional y otras entidades del Estado recuperar y conservar el río
Atrato.
En el marco del cumplimiento, la Presidencia
de la República designó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como
representante legal de los derechos del río. Adicionalmente el Ministerio es
miembro de la comisión de guardianes en conjunto con las comunidades.
