Autoridades ocupan bienes por mas de 1.7 billones de pesos adquiridos por los zares del oro en el Chocó.

La Fiscalía General de la Nacional, con apoyo de la Policía Nacional, impuso medidas cautelares contra 441 bienes adquiridos por una estructura criminal que contaminó los ríos Quito y Atrato en Chocó para extraer oro y platino. En la operación fueron capturadas 11 personas, entre ellas el alcalde de Nóvita (Chocó), Deyler Eduardo Camacho Mosquera y los representantes legales de dos comercializadoras. 

La destrucción del ecosistema en las cuencas de los ríos Quito y Atrato y la sedimentación de los afluentes por la agresiva extracción de minerales, puso al descubierto el actuar criminal de los denominados Zares del Oro, una organización que se habría valido del uso de mercurio, maquinaria pesada y diversos permisos ambientales para obtener oro y platino. 

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, detectó que se constituyó la compañía Metalpac, que obtenía el mineral en los yacimientos mineros, lo transportaba a Itsmina (Chocó), y en un helicóptero que llegaba al parque Divino Niño de esa población, trasladaban el oro y el platino a la ciudad de Medellín, donde era entregado a las comercializadoras internacionales Meprecol y Anexpo, que se encargaban de la venta y exportación.

 Los Zares del Oro habrían realizado transacciones de dinero entre 2009 y 2013 por más de 1.2 billones de pesos según reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); adicionalmente, las investigaciones permitieron conocer que dieron apariencia de legalidad a 3.4 billones de pesos producto de la minería ilegal en Chocó.

 Entre los elementos recopilados por la Fiscalía, hay reportes de la comercializadora Meprecol a la Agencia Nacional Minera en los que solicitó el pago de regalías por la adquisición de oro proveniente de Alto Baudó durante 2011, situación irregular porque el alcalde de este municipio aseguró ante la Contraloría General que la explotación de minerales como oro, plata y platino, estaban prohibidos en la región.

Ante las evidencias obtenidas, la Fiscalía General de la Nación identificó propiedades de las personas que estarían vinculadas a la estructura criminal y ocupó 441 bienes con fines de extinción de dominio avaluados en 1.7 billones de pesos, entre ellos 49 vehículos y algunos inmuebles ubicados en: Chocó: 81 bienes inmuebles, 6 sociedades y 16 establecimientos comerciales. 

Antioquia: 53 inmuebles, 10 sociedades y 224 cabezas de ganado. 
Risaralda: 2 inmuebles y 1 sociedad. • Córdoba: 1 inmueble. 
Bogotá: 1 inmueble. 

Respecto a los bienes de los presuntos integrantes de los Zares del Oro fue establecida la propiedad sobre cerca del 70% de las estaciones de servicio de gasolina en Chocó. 

De estos establecimientos saldría el combustible para el funcionamiento de las dragas y la maquinaria utilizada para la minería ilegal. Simultáneamente a la ocupación de los bienes, fueron capturadas 11 personas: 

 Deyler Eduardo Camacho Mosquera, alcalde de Nóvita (Chocó), quien habría facilitado el ingreso de insumos a las zonas de extracción. 

Norbey Ramírez Marín, contador y representante legal de Metalpac, la empresa continuidad para obtener los minerales y trasladarlos a Medellín.

 Diana Marcela Londoño Ortiz, secretaria de Metalpac.
 Dalis Yolanda Alzate Castañeda, señalada del pago de la nómina y la adquisición y venta de insumos y maquinaria.
 Carlos Albeiro Hurtado Sanmartín, administrador de draga y proveedor de combustible para las maquinas.
Leonardo Alfonso Salazar Cortés, administrador de draga.  
José Aroudo Souso de Assis, ciudadano brasilero capturado en una pasada operación en el río Quito y quien cumplía detención domiciliaria, lo que supuestamente le permitía encargarse del pago de la nómina y apoyar la logística necesaria para poner en funcionamiento las dragas. 
Carlos Arturo Urrego Pérez, socio en explotación minera.
Luz Daniel Martínez Ramos, administrador de dragas. 
Martha Lucía Serna, representante legal de la Cooperativa de Mineros del san Juan (Comisanjuan), quien presuntamente firmaba certificados de origen para acreditar el supuesto origen legal de los minerales que comercializaba Meprecol. 
Never de Jesús Romero Delgado, encargado de nómina y apoyo logístico a las dragas. 

Los detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías y las Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimientos mineros, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero, invasión de área de especial importancia ecológica, violación de fronteras, enriquecimiento ilícito de particulares y destino de recurso del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de exportadores y comerciantes de metales preciosos. 

Tres de los capturados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, entre ellos el representante legal de Metalpac; otros tres detenidos fueron cobijados con detención domiciliaria; al resto de procesados el juez les otorgó medida no privativa de la libertad, pero continuarán vinculados a la investigación.

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