Corte pide cuentas a la Fiscalía por crímenes contra líderes en el Chocó

La Corte Constitucional le pidió cuentas a la Fiscalía General de la Nación sobre las investigaciones que cursan por asesinatos y agresiones a líderes de derechos humanos ocurridas en el departamento del Chocó.
En el auto A -504 conocido por Colprensa, la Corte elaboró un documento en donde detalla “múltiples casos de homicidios y torturas en contra de líderes, lideresas, autoridades étnicas o sus familiares reportados a la Corte” que tienen elementos en Comín: el tipo de población víctima, su pertenencia étnica, su labor de liderazgo en defensa de los derechos de sus comunidades o de sus territorios, el presunto autor del homicidio y las circunstancias de los hechos.
De acuerdo con la Corte, estos hechos permiten “cuestionar a esta Corporación si se trata de situaciones aisladas o si por el contrario existe sistematicidad, aun cuando pueda evidenciarse una “multicausalidad””.
Por esa razón, la Corte envió el documento, denominado Anexo II y que fue calificado de reservado, para que “adopte las medidas necesarias para asegurar que los hechos aquí descritos sean investigados a la mayor brevedad posible”.
Igualmente, se ordenó al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que presente un informe en donde responda en qué Unidad está cada uno de los casos que la Corte Constitucional le envió, así como explicar cuántos y cuáles han sido priorizados por la entidad, especificando en qué acciones se traduce esa priorización al interior de la Fiscalía.
La petición de la Corte la hizo la Sala que se encuentra haciendo seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 sobre desplazamiento forzado y que analizó en el Auto 504 la situación concreta del Chocó.
En el documento de 56 páginas, la Corte hizo una petición de información detallada y actualizada sobre la prevención, atención y protección de las comunidades del Chocó, al considerar que el Gobierno no ha cumplido con una orden del 2016 que pedía construir un plan de atención sobre los diez municipios de donde más población se desplazaba.
Aunque el listado se hizo, la Corte consideró que el Gobierno no comprende todavía la complejidad de esos municipios ni atiende que los riesgos se transforman: “Esta situación fue advertida al Ministerio del Interior en el marco del Comité Intersectorial de Alertas Tempranas y, a pesar de ello, el cuadro de riesgos sigue sin ser sensible a la situación humanitaria”, dice el documento.
Por eso, se solicitó al Ministerio del Interior, al Gobernador del Chocó y a los Alcaldes de Alto Baudó, Riosucio, el Litoral del San Juan y Medio Baudó un informe conjunto en el que se especifiquen los riesgos encontrados en cada municipio, qué medidas se tomaron para cumplir con el plan de atención que había ordenado la Corte, qué autoridad es la responsable de cada medida, qué recursos se dispusieron, su impacto y obstáculos encontrados.

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